31 de agosto de 2026

La guerra está cambiando y con ella también están cambiando las formas de desarrollar las operaciones militares. Ya no siempre se necesitan aviones de combate, grandes bombarderos o columnas militares para realizar ataques en un territorio. Un dispositivo pequeño, controlado a distancia y equipado con explosivos puede convertirse en un arma capaz de destruir un vehículo, afectar una posición militar o causar graves daños en cuestión de segundos.

Los drones explosivos se han convertido en una de las expresiones más visibles de esta transformación de los conflictos armados. Su utilización se ha extendido en guerras internacionales, como la que enfrenta a Rusia y Ucrania, pero también ha comenzado a formar parte de los conflictos armados internos, como ocurre en algunas regiones de Colombia.

Y detrás de esta tecnología existe una pregunta que el mundo ya no puede seguir aplazando ¿hasta dónde puede llegar el uso de estas armas sin cruzar los límites establecidos por el Derecho Internacional Humanitario?

La respuesta exige una precisión fundamental. Los drones armados no están prohibidos como categoría por el Derecho Internacional Humanitario ni existe actualmente un tratado internacional que prohíba de manera general todos los drones explosivos. Lo que sí está establecido son reglas que deben cumplirse durante la conducción de las hostilidades, independientemente de la tecnología utilizada.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado que los drones armados están sujetos a las mismas normas que cualquier otro medio utilizado para realizar ataques. Esto significa que deben respetarse principios fundamentales como la distinción entre civiles y combatientes, la proporcionalidad y la obligación de adoptar precauciones para reducir al máximo el riesgo para la población civil.

La tecnología, por sofisticada que sea, no está por encima del derecho.

El Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra establece la protección de la población civil y prohíbe que los civiles sean objeto de ataques. También dispone que las operaciones militares deben dirigirse exclusivamente contra objetivos militares.

Estas normas no desaparecen porque el arma sea controlada desde kilómetros de distancia. Tampoco desaparecen porque el dispositivo sea pequeño, relativamente barato o pueda ser construido utilizando componentes comerciales.

Quien controla un dron armado y quienes toman las decisiones dentro de una estructura militar continúan teniendo obligaciones frente al Derecho Internacional Humanitario.

Por eso, decir que un ataque fue realizado con un dron no permite concluir automáticamente que fue ilegal. Pero tampoco puede utilizarse la tecnología como una especie de escudo para evitar responsabilidades cuando se producen acciones prohibidas por el derecho internacional.

La guerra entre Rusia y Ucrania ofrece uno de los ejemplos más importantes de esta nueva realidad.

Los drones se han convertido en una herramienta habitual del campo de batalla y su utilización ha alcanzado niveles que hace pocos años parecían difíciles de imaginar. Pero junto con su expansión militar también ha crecido la preocupación por sus efectos sobre la población civil.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania documentó que, entre febrero de 2022 y abril de 2025, los ataques con drones de corto alcance causaron al menos 395 civiles muertos y 2.635 heridos.

La investigación documentó ataques contra personas que se desplazaban en automóviles particulares, autobuses y bicicletas, así como contra personas que caminaban por las calles, prestaban ayuda humanitaria o participaban en evacuaciones.

Naciones Unidas ha advertido que algunos de los ataques documentados parecen haber violado los principios de distinción y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario y que determinados casos podrían constituir ataques intencionales contra civiles, lo que puede constituir un crimen de guerra.

La dimensión del problema quedó nuevamente expuesta el 29 de agosto de 2026, cuando Naciones Unidas informó que al menos 37 personas murieron y decenas resultaron heridas después de un ataque con drones rusos que provocó explosiones en un almacén ubicado en Myla, cerca de Kyiv. La ONU indicó que estaba verificando las circunstancias del ataque y recordó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe los ataques en los que el daño incidental esperado para la población civil sea excesivo frente a la ventaja militar concreta y directa prevista.

Pero esta nueva forma de desarrollar operaciones militares no se limita a Ucrania.

Colombia también enfrenta este desafío

De acuerdo con cifras oficiales citadas por Reuters, entre 2024 y 2025 se registraron 264 ataques con drones cargados con explosivos, principalmente en zonas selváticas y montañosas. Los ataques fueron atribuidos a estructuras del ELN y a disidencias de las antiguas FARC.

Según esas cifras, los ataques dejaron 15 militares muertos y 153 heridos

La aparición de drones cargados con explosivos en manos de grupos armados ilegales introduce una nueva dimensión al conflicto colombiano. Ya no se trata únicamente de emboscadas, explosivos instalados en caminos o ataques convencionales. La tecnología permite observar, aproximarse y lanzar explosivos desde una distancia que reduce la exposición directa de quien ejecuta la acción.

Pero el problema no termina en las víctimas militares

En las zonas donde se desarrollan los enfrentamientos también viven comunidades que pueden quedar atrapadas en medio de la confrontación. El temor a un ataque puede afectar los desplazamientos, el transporte, el acceso a alimentos, la educación, la atención médica y la asistencia humanitaria.

El miedo también termina convirtiéndose en una forma de afectación para las comunidades

Y aquí aparece una diferencia que resulta esencial para el debate público. No todos los ataques realizados con drones son ilegales. Un dron puede utilizarse contra un objetivo militar legítimo siempre que la operación cumpla las normas aplicables. Lo que determina la legalidad no es simplemente la existencia del dron, sino la manera en que se emplea.

Un ataque deliberadamente dirigido contra civiles, un ataque indiscriminado o un ataque en el que el daño esperado a civiles resulte excesivo frente a la ventaja militar prevista puede constituir una violación del Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que el arma utilizada sea un dron, un misil, una bomba o cualquier otro medio.

Los principales instrumentos jurídicos que deben considerarse son los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, además de las normas del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario y otros tratados que regulan determinadas armas y métodos de guerra.

También existe la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980, que establece restricciones o prohibiciones sobre determinadas armas y métodos de guerra mediante diferentes protocolos. Sin embargo, tampoco esta convención establece una prohibición general de los drones armados.

La discusión internacional está entrando ahora en un terreno todavía más complejo las armas autónomas.

No todos los drones explosivos son autónomos. En muchos casos existe un operador humano que observa y decide cuál es el objetivo. Sin embargo, el desarrollo tecnológico permite incorporar mayores niveles de automatización y autonomía a los sistemas de armas.

La pregunta entonces deja de ser solamente qué puede hacer un dron y comienza a ser quién toma realmente la decisión de realizar un ataque.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha expresado preocupación por los sistemas de armas autónomas y ha planteado la necesidad de establecer nuevas reglas internacionales jurídicamente vinculantes para determinados sistemas que puedan seleccionar y atacar objetivos sin suficiente control humano.

El desafío es enorme porque la tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad de los Estados para establecer nuevas reglas.

Un dron puede fabricarse con componentes relativamente accesibles, puede modificarse rápidamente y puede ser utilizado por ejércitos regulares, grupos armados ilegales y otros actores involucrados en conflictos.

Por eso, la respuesta de los Estados no puede limitarse a fabricar más drones, adquirir sistemas de defensa o desarrollar nuevas tecnologías ofensivas.

La prioridad debe ser proteger a la población civil, investigar de manera seria los ataques en los que existan víctimas civiles, establecer responsabilidades cuando se produzcan violaciones del Derecho Internacional Humanitario y fortalecer la cooperación internacional para impedir que las nuevas tecnologías sean utilizadas para cometer graves violaciones de las normas humanitarias.

También resulta necesario que la comunidad internacional avance en una discusión seria sobre los límites que deben establecerse frente a los sistemas de armas autónomas y frente a determinados usos de drones armados cuando exista un riesgo elevado para la población civil.

Porque el mundo está entrando en una nueva etapa de los conflictos armados

Una etapa en la que un arma puede estar a kilómetros de distancia de quien la controla. Una etapa en la que una cámara puede convertirse en los ojos de quien identifica un objetivo. Una etapa en la que la tecnología puede ampliar considerablemente la capacidad de realizar operaciones militares a distancia.

Pero detrás de cada cifra hay una vida

Hay una familia que pierde a uno de sus miembros. Hay hijos que pueden quedar sin sus padres. Hay comunidades enteras que pueden verse afectadas por la incertidumbre y el temor.

Los drones pueden ser una herramienta militar. Pero ninguna tecnología puede convertirse en una licencia para ignorar el Derecho Internacional Humanitario.

La pregunta que debería hacerse hoy la comunidad internacional no es solamente hasta dónde puede llegar la tecnología militar.

La verdadera pregunta es hasta dónde estamos dispuestos a permitir que llegue la transformación de los conflictos antes de establecer límites más claros.

Porque la tecnología avanza.

Las armas cambian.

Los conflictos se transforman.

Pero la obligación de proteger a la población civil y respetar las normas humanitarias debe permanecer.