DIH, los Derechos Humanos y la protección de la población civil
Cámara de Comercio presenta balance preliminar sobre el impacto económico de la situación de seguridad en Santa Marta y el Magdalena
23 de septiembre de 2026
Tres días de paro armado, amenazas, restricciones a la movilidad y ataques contra vehículos volvieron a poner en el centro de la discusión la seguridad de la población civil en Santa Marta y el Magdalena. La crisis deja una pregunta fundamental: ¿Cómo proteger a quienes no participan en las hostilidades?
Después de tres días de tensión, Santa Marta comienza a recuperar la movilidad y la actividad comercial, mientras persisten las preocupaciones por la seguridad. El cierre de establecimientos, la suspensión del transporte, los bloqueos y la quema de vehículos alteraron la vida cotidiana y evidenciaron el impacto de la violencia sobre la población.
La situación se produjo después de una operación de la Fuerza Pública, realizada el 21 de septiembre en zona rural de Santa Marta, en la que murió José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Tras el operativo se registraron acciones asociadas al paro armado anunciado por esa organización, entre ellas intimidaciones, restricciones a la movilidad, bloqueos y ataques contra vehículos. Aunque posteriormente las ACSN anunciaron el levantamiento del paro, el anuncio de un grupo armado no constituye por sí mismo una garantía de seguridad para la población.
La población civil, en el centro
El Derecho Internacional Humanitario establece obligaciones para proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades. Por eso, la respuesta frente a los grupos armados no puede analizarse únicamente desde el resultado militar, sino también desde sus efectos sobre las comunidades.
El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó en 2025 845 presuntas violaciones del DIH, aclarando que se trata de hechos conocidos directamente por la organización y no necesariamente de la totalidad de los casos ocurridos. El 12 % afectó las condiciones de vida de comunidades mediante restricciones a la movilidad, obstáculos para acceder a servicios básicos o asistencia humanitaria.https://www.icrc.org/es/articulo/colombia-retos-humanitarios-2025?utm_source=
Una alerta que ya estaba sobre la mesa
La situación de la Sierra Nevada tampoco es nueva. En diciembre de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020 de 2025, en la que advirtió sobre los riesgos para la población de 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, incluido Santa Marta, por la confrontación entre estructuras armadas.
La entidad formuló 38 recomendaciones y alertó sobre posibles afectaciones a la vida, integridad, libertad y seguridad de las comunidades, además de riesgos relacionados con el DIH.
Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblohttps://www.defensoria.gov.co/es/w/alerta-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta-y-su-%C3%A1rea-de-influencia-disputa-entre-egc-y-acsn-pone-en-riesgo-a-la-poblaci%C3%B3n-civil?
Seguridad y protección
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, enfrentar a las estructuras armadas y recuperar el control territorial. Pero esa respuesta debe estar acompañada de medidas que reduzcan los riesgos para quienes no participan en la confrontación.
Las denuncias surgidas durante las operaciones también deben ser investigadas con rigor. Cualquier señalamiento sobre la posible afectación de civiles debe ser esclarecido por las autoridades competentes, con garantías de verdad, justicia y respeto por los Derechos Humanos.
Santa Marta necesita recuperar sus calles, su transporte y su actividad comercial, pero también necesita recuperar la confianza.
Porque detrás de cada comercio cerrado, cada vehículo detenido y cada comunidad afectada hay personas que no participan en la confrontación y cuyos derechos no pueden quedar atrapados en medio de ella.
La protección de la población civil no puede ser una consecuencia secundaria de la seguridad. Debe ser uno de sus principales objetivos.
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