20 de mayo de 2026

Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia de Colombia en 2022 prometió transformar el país. Su discurso giró alrededor de la justicia social, la lucha contra la corrupción, la paz total, la reforma de la salud y la transición energética. Millones de colombianos vieron en su elección la posibilidad de romper con décadas de gobiernos tradicionales. Sin embargo, a pocos meses de terminar su mandato, la administración Petro enfrenta uno de los mayores niveles de desgaste político, institucional y de credibilidad de los últimos años.

Aunque el Gobierno ha mostrado algunos indicadores económicos positivos en sectores puntuales, la realidad política del país ha estado marcada por escándalos de corrupción, crisis de gobernabilidad, deterioro de la seguridad y decisiones que generaron incertidumbre tanto en inversionistas como en amplios sectores de la población.

El golpe más fuerte contra la imagen del presidente fue el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Lo que inicialmente parecía una irregularidad administrativa terminó convirtiéndose en una investigación de grandes dimensiones por presuntos sobrecostos, direccionamiento de contratos y pagos políticos relacionados con carrotanques destinados a La Guajira. La gravedad del caso no solo afectó la credibilidad del Ejecutivo, sino que golpeó directamente el discurso anticorrupción con el que Petro construyó buena parte de su capital político.

Las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema alcanzaron a funcionarios de alto nivel, exdirectivos de la entidad y congresistas señalados de recibir beneficios a cambio de respaldar reformas del Gobierno. El escándalo reveló fallas profundas de control interno y mostró la fragilidad administrativa de un gobierno que prometía transparencia absoluta.

La administración también quedó marcada por las controversias protagonizadas por personas del círculo más cercano al presidente. El caso de Laura Sarabia y Armando Benedetti abrió una de las mayores crisis políticas de la Casa de Nariño, luego de denuncias relacionadas con interceptaciones ilegales, uso indebido del polígrafo y enfrentamientos internos que expusieron divisiones dentro del Gobierno. A esto se sumó la investigación contra Nicolás Petro, hijo del mandatario, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionados con dineros que habrían ingresado a la campaña presidencial sin conocimiento oficial.

Otro de los grandes frentes de desgaste fue la salud. La insistencia del Gobierno en transformar estructuralmente el sistema terminó generando un ambiente de incertidumbre nacional. La intervención de varias EPS, las dificultades financieras del sector, los retrasos en pagos y la crisis de medicamentos provocaron preocupación entre pacientes, clínicas y asociaciones médicas. El sistema de salud del magisterio, FOMAG, también enfrentó severas críticas por problemas operativos y fallas de atención.

Aunque el Ejecutivo defendió la reforma asegurando que buscaba acabar con la corrupción y la intermediación financiera en la salud, uno de los principales errores del Gobierno fue no construir consensos técnicos ni políticos sólidos antes de impulsar cambios tan sensibles. La confrontación permanente con sectores médicos y empresariales terminó debilitando la implementación de varias propuestas.

En materia de seguridad, la política de “paz total” tampoco logró los resultados esperados. Si bien el Gobierno abrió negociaciones simultáneas con grupos armados ilegales, distintos informes de Indepaz, Naciones Unidas y centros de análisis registraron continuidad de masacres, asesinatos de líderes sociales, incremento de extorsiones y fortalecimiento territorial de organizaciones criminales.

Uno de los mayores cuestionamientos a la estrategia de Petro fue haber anunciado ceses al fuego y acercamientos con estructuras armadas sin contar con mecanismos de verificación suficientemente sólidos. Diversos sectores consideran que esa política permitió que algunos grupos ilegales ganaran tiempo, fortalecieran economías ilícitas y ampliaran su presencia regional.

Las cifras de seguridad también reflejaron deterioro en varios indicadores. Estudios académicos y reportes de la Fuerza Pública mostraron incrementos en homicidios, terrorismo, extorsión y presión delictiva. El país acumuló más de 40.000 asesinatos durante el trienio del actual gobierno, mientras delitos como la extorsión alcanzaron niveles históricamente altos.

En el frente económico, el Gobierno logró mostrar algunos datos positivos, como el crecimiento del PIB de 2,2% en el primer trimestre de 2026 y cierta recuperación de sectores industriales y comerciales. Sin embargo, esos resultados no fueron suficientes para disipar las preocupaciones sobre inversión extranjera, estabilidad jurídica y futuro energético del país.

La decisión de frenar nuevos contratos de exploración petrolera se convirtió en una de las medidas más polémicas del mandato. Aunque Petro defendió la transición energética como una necesidad ambiental y económica, expertos y gremios advirtieron que el Gobierno aceleró el debate sin garantizar alternativas claras de sustitución fiscal y productiva. Esa incertidumbre impactó la percepción de riesgo país y aumentó la desconfianza de inversionistas nacionales e internacionales.

A esto se sumaron controversias relacionadas con gastos de gobierno, viajes presidenciales, denuncias de nepotismo y disputas constantes entre ministros y funcionarios. La crisis de los pasaportes, las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y la falta de coordinación política terminaron profundizando la sensación de improvisación administrativa.

Uno de los principales problemas del gobierno Petro fue la dificultad para construir gobernabilidad estable. La confrontación permanente con sectores políticos, empresariales y medios de comunicación terminó aislando varias iniciativas del Ejecutivo. El presidente mantuvo una narrativa de choque constante contra las élites tradicionales, pero muchas veces descuidó la construcción de acuerdos institucionales necesarios para sacar adelante reformas estructurales.

También le faltó fortalecer la capacidad técnica de varias entidades del Estado. Numerosos anuncios presidenciales terminaron chocando con problemas de ejecución, improvisación administrativa o falta de planeación. Esa debilidad operativa impidió que muchas de las promesas iniciales se tradujeran en resultados concretos para la población.

El gobierno Petro deja un país profundamente polarizado. Sus seguidores sostienen que intentó transformar estructuras históricas de desigualdad y enfrentar poderes económicos tradicionales. Sus críticos consideran que el mandato debilitó la confianza institucional, deterioró la seguridad y aumentó la incertidumbre política y económica.

Lo que parece claro es que la administración Petro probablemente terminará marcada más por sus crisis, escándalos y confrontaciones que por la consolidación de sus reformas. El caso UNGRD, la crisis de salud, las tensiones por la paz total y el desgaste institucional terminaron opacando gran parte del proyecto político con el que el presidente llegó al poder.

Y mientras el país sigue dividido entre quienes ven en Petro un reformador incomprendido y quienes lo consideran un gobierno fallido, su administración enfrenta un cierre de mandato bajo una presión creciente, con investigaciones abiertas, una opinión pública fragmentada y un ambiente político que podría convertir el final de este gobierno en uno de los más turbulentos de la historia reciente de Colombia.

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